La Ley 25/2015 de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas sociales aparece como una herramienta para facilitar el pago de las deudas de aquellos sujetos cuya situación financiera dificulte el pago. De esta manera se pretende restablecer la situación del sujeto haciendo una especie de reinicio haciendo desaparecer sus obligaciones de pago.
Además de cumplir con la función social de salvar a personas físicas de situaciones financieras difíciles, la conocida como Ley de Segunda Oportunidad también establece una manera de hacer viable el pago de las deudas estableciendo un escenario de entendimiento entre deudores y acreedores que sea propicia para el pago. En este artículo vamos a analizar esta ley para conocer su funcionamiento.
La Ley de Segunda Oportunidad establece la posibilidad de establecer acuerdos para hacer factible el pago de la deuda mediante figuras como la quita y la espera que permitan conciliar la frustración de los acreedores con la imposibilidad económica del deudor para hacer frente a los pagos.
Mediante la quita consiste en una reducción de la deuda hasta una cantidad que haga factible el pago que pueda suponer la satisfacción del acreedor. La espera lo que pretende es establecer nuevos plazos cambiando el vencimiento de la obligación. Todos los acuerdos se deben realizar vago tutela judicial y se puede recurrir a un mediador concursal que facilite la negociación.
La Ley de Segunda Oportunidad ampara a deudores con impagos con buen historial financiero
Aunque los acuerdos entre acreedores y deudores ya eran posibles antes de la aparición de la Ley de la Segunda Oportunidad, la novedad se plantea en cuanto ante la existencia de una exoneración de las deudas cuando los acuerdos no fructifiquen. Es lo que se conoce como el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI).
Mediante esta figura se pretende que el deudor vea terminada sus deudas mediante la liquidación de su patrimonio hasta donde este alcance recurriendo a instituciones como la dación en pago. Desde ese momento el sujeto ve saneada su situación financiera y no se ve afectado más allá del patrimonio con el que cuente en ese determinado momento.
Evidentemente esta figura sirve para que las deudas no sean un verdadero lastre para la situación de muchas personas que ven como su economía se fractura en un momento determinado, es necesario cumplir con ciertos requisitos para poder acudir al BEPI que pretenden garantizar la buena fe del deudor:
– No haber sido condenado por delitos económicos o sociales. No haber causado un concurso de manera culpable.
– Que su conducta demuestre la intención de pagar mediante su esfuerzo en la realización de acuerdos o en la mejora de su situación económica.
– No haber usado el BEPI en los últimos 10 años.
– Haber satisfechos los créditos contra la masa y los privilegiados (como los salarios). En cuanto los créditos ordinarios, el deudor debe haber liquidado al menos el 25 por ciento de la cuantía (o al menos demostrar el intento de pago)
La Ley de Segunda Oportunidad pretende beneficiar a las personas que cuenten con un historial financiero correcto pero que se han visto superadas por el pago de sus deudas en un momento determinado. De esta manera se le ofrece la oportunidad de conseguir reestructurar su economía buscando ajustar su situación a las obligaciones económicas contraídas.
El BEPI puede verse revocado por varias causas como la mejora de la situación económica del deudor, el incumplimiento del plan de pagos o cuando se demuestre la existencia de bienes o derechos ocultados. También cuando se de algunas de las circunstancias excluyentes para la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad.
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